Estado de alarma y pensión de alimentos. ¿Se ha suspendido la obligación de pago?

El pasado día 14 de marzo el Gobierno dictaba el Real Decreto 463/2020 por el que se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, estableciéndose dentro de sus disposiciones adicionales la suspensión de plazos tanto procesales como administrativos, lo cual llevó a muchos a pensar que, el estado de alarma y la situación de fuerza mayor que lleva pareja, eran causa más que suficiente para suspender la obligatoriedad en el pago de las pensiones alimenticias.

Nada más lejos de la realidad, pues aunque el estado de alarma y la situación de crisis sanitaria en la que nos encontramos inmersos ha supuesto una paralización del sistema judicial, que tan solo continúa plenamente activo para los servicios esenciales, esta situación de pandemia no suspende la efectividad de las resoluciones judiciales, o dicho de otro modo, continúan siendo de obligado cumplimiento las sentencias de divorcio o separación en las que, dentro de sus medidas, se impone a uno de los progenitores (el no custodio, en la inmensa mayoría de los casos) la obligación del pago de una pensión de alimentos. Recordemos que esta pensión, recogida en nuestro Código Civil, incluye “todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica”.

¿Qué sucede para todos aquellos padres y madres que no pueden afrontar su pago? ¿Con qué opciones cuentan?

No son pocas las personas que hoy en día se han visto afectadas por un ERTE, un despido, una extinción de su contrato laboral o que simplemente han tenido que cerrar sus negocios…. Dicho en otras palabras, que han padecido una considerable reducción sus ingresos hasta el punto de no poder hacer frente a todos y cada uno de sus gastos, y sin tampoco poder acogerse a alguna de las ayudas ofrecidas por el Gobierno para paliar la fuerte crisis económica que acompaña indudablemente a esta pandemia.

Como ya hemos apuntando el estado de alarma en nada afecta al obligado cumplimiento del pago de la pensión (incluso en aquellos casos en los que sí se ha suspendido el régimen de visitas fijado en la sentencia). ¿Qué hacer, entonces, en aquellos casos en los que se carece de ingresos suficientes?

Si no nos encontrásemos inmersos en un estado de alarma con unos tribunales funcionando solo para prestar servicios mínimos, se podría solicitar una suspensión de la pensión, acogiéndose a lo establecido en el artículo 152.2 del Código Civil, donde se dispone que “Cesará también la obligación de dar alimentos: 2.º Cuando la fortuna del obligado a darlos se hubiere reducido hasta el punto de no poder satisfacerlos sin desatender sus propias necesidades y las de su familia”. En este sentido interesa recordar que el Tribunal Supremo en su sentencia de 2 de marzo de 2015 ya reiteró que “lo normal será fijar siempre en supuestos de esta naturaleza un mínimo que contribuya a cubrir los gastos repercutibles más imprescindibles para la atención y cuidado del menor, y admitir solo con carácter muy excepcional, con criterio restrictivo y temporal, la suspensión de la obligación, pues ante la más mínima presunción de ingresos,  cualquiera que sea su origen y circunstancias, se habría de acudir a la solución que se predica como normal, aún a costa de un gran sacrificio del progenitor alimentante”.

Sin embargo actualmente, y dado el estado de confinamiento en el que nos encontramos, poco o nada se puede hacer realmente. O abonarla como buenamente se pueda y superada la crisis sanitaria solicitar una modificación de medidas a fin de obtener una resolución judicial que adapté el importe de la pensión de alimentos a la nueva situación económica; o no abonarla y esperar a la inevitable demanda de ejecución que se interpondrá por la otra parte, y que en última instancia nos llevará a la interposición de una demanda de modificación de medidas a fin de reducir el importe de la pensión.

Conclusión, el amargo consejo que se puede dar en estos momentos de crisis, es esperar a que los tribunales suban su persiana para, en ese momento, solicitar una modificación de medidas.

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