Moratoria de deuda arrendaticia para personas en situación de vulnerabilidad

El Gobierno ha aprobado este martes día 31 de marzo el Real Decreto –Ley 11/2020 (BOE nº 91 de 1 de abril) donde se contienen toda una serie de medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Dentro de ellas se encuentra la regulación de las, tan ansiadas, moratorias de deuda arrendaticia derivada de contratos de vivienda habitual, a fin de ayudar a los arrendatarios que, como consecuencia del estado de alarma, decretado por el España, el pasado día 14 de marzo, se encuentren en situación más vulnerable.

En relación a estas moratorias, que se podrán empezar a solicitar directamente a los propietarios en el plazo de un mes desde la publicación del Real Decreto, esto es, desde el día 2 de abril y hasta el día 2 de mayo, se ha de tener en cuenta que la disposición normativa distingue las posibles medidas moratorias a adoptar en función de quien sea el arrendador o propietario del inmueble arrendado.

Así, si el propietario del inmueble es una empresa o “una entidad pública de vivienda o un gran tenedor”, entendiéndose éste último como aquel que es titular de más de 10 inmuebles o de una superficie construida superior a 1.500 m2, se puede concluir, por el texto normativo, que el arrendador podrá escoger entre conceder:

  • Una reducción del 50% de la renta durante el tiempo que dure el estado de alarma y las mensualidades siguientes (hasta un máximo de cuatro) si el plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada por el COVID-19.
  • Una moratoria en el pago de la renta que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y a las mensualidades siguientes (hasta un máximo de 4 meses) si aquel plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada por la pandemia. En estos casos el pago de esta renta se aplazaría mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, sin que el arrendatario pueda sufrir penalización de ningún tipo o sin que deba abonar tipo de interés alguno.

Esta decisión se habrá de manifestar al arrendatario en el plazo de 7 días laborables a contar desde su solicitud.

Sin embargo, si el propietario de la vivienda es una persona física que no reúne las condiciones de gran tenedor, es decir, es simplemente un ciudadano más que arrienda un inmueble, podrá conceder una reducción del alquiler o una moratoria en las condiciones ya mencionadas; pero podrá también no hacerlo. Esto es, el Gobierno en su Real Decreto no le obliga a adoptar medidas de condonación, aplazamiento o reducción.

En estos supuestos, de no alcanzarse ningún tipo de acuerdo con el propietario, la parte arrendataria que se encuentre en una situación de especial vulnerabilidad podrá tener acceso al programa de ayudas transitorias de financiación.

Por ultimo recordar que las personas que se hayan acogido a la moratoria de la deuda o a las ayudas públicas sin reunir los requisitos que le darían la condición de persona vulnerable, serán responsables de los daños y perjuicios que se hayan podido ocasionar, daños cuya cuantía no podrá ser inferior al beneficio indebidamente obtenido, sin olvidarnos tampoco de la obligación de reintegro de las cantidades indebidamente percibidas.

Por ello es muy importante comprobar que efectivamente se cumplen todos y cada uno de los requisitos legalmente exigidos para acogerse a estas moratorias de deuda arrendaticia.